No hay Ministerio de Igualdad, pero el Gobierno insiste en que sigue apostando por políticas no discriminatorias. Ahora bien, ¿cómo se traducen esas políticas en los Presupuestos Generales del Estado, cómo afecta a las mujeres el recorte? Ese es el objetivo del Informe de Impacto de Género que, por ley, acompaña a las cuentas públicas: analizar si las partidas afectan por igual a hombres y a mujeres. Según la plataforma ¡Impacto de Género ya!, que impulsó la creación de estos informes, el del próximo año es papel mojado. Y son 496 páginas.
El texto, que analiza sólo una cuarta parte del gasto no financiero, selecciona los programas por su mayor incidencia en el cumplimiento de la Ley de Igualdad. Y, sin embargo, deja fuera partidas que afectan especialmente a las mujeres, como las pensiones, que se congelan, o la Ley de Dependencia, cuyo presupuesto baja un 5,2%.
"Se eligen programas, se adornan y los que tienen un impacto de género brutal no se incluyen", critica Begoña San José, secretaria del Forum de Política Feminista. Según María Pazos, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, se impulsa, además, el uso de partidas que contribuyen a la desigualdad. "En este presupuesto, las ayudas a cuidadores, que suelen ser mujeres, son la regla, cuando la Ley de Dependencia las marca como excepción", explica.
"A las cuidadoras se las mantiene con una pequeña paga, cuando lo que debería hacer la ley es crear empleos profesionales. Estos recortes no se explican sólo por la crisis, sino por la falta de voluntad política. La política de género no puede reducirse a gestos, el Gobierno se la tiene que creer, porque es un instrumento clave para crear riqueza y mejorar la competitividad de la economía", añade Carmen Sarasúa, profesora de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El informe, que concluye que el impacto de género es positivo, obvia también el efecto de algunas partidas que sí analiza y que perpetúan la desigualdad, como la Declaración conjunta de los matrimonios en el Impuesto sobre la renta. "Tiene un impacto de género negativo porque favorece a las familias con un solo perceptor de renta, que suele ser el hombre, lo que contribuye a la dependencia económica de las mujeres", explica Pazos. El aplazamiento de la ley que ampliaba el permiso de paternidad a cuatro semanas es otro ejemplo de retroceso, según la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimientos y Adopciones.
Durante varios años, el Gobierno se negó a elaborar el informe. El de este año es el tercero y, aunque resalta la "mayor implicación" de los ministerios, tampoco da en la tecla. "Es un trámite. El impacto de género no sirve para constatar que hacemos leyes no discriminatorias. Hasta ahí podíamos llegar, sino para comprobar cómo afectan a hombres y a mujeres", afirma la diputada de CiU Mercé Pigem.
El texto, que analiza sólo una cuarta parte del gasto no financiero, selecciona los programas por su mayor incidencia en el cumplimiento de la Ley de Igualdad. Y, sin embargo, deja fuera partidas que afectan especialmente a las mujeres, como las pensiones, que se congelan, o la Ley de Dependencia, cuyo presupuesto baja un 5,2%.
"Se eligen programas, se adornan y los que tienen un impacto de género brutal no se incluyen", critica Begoña San José, secretaria del Forum de Política Feminista. Según María Pazos, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, se impulsa, además, el uso de partidas que contribuyen a la desigualdad. "En este presupuesto, las ayudas a cuidadores, que suelen ser mujeres, son la regla, cuando la Ley de Dependencia las marca como excepción", explica.
"A las cuidadoras se las mantiene con una pequeña paga, cuando lo que debería hacer la ley es crear empleos profesionales. Estos recortes no se explican sólo por la crisis, sino por la falta de voluntad política. La política de género no puede reducirse a gestos, el Gobierno se la tiene que creer, porque es un instrumento clave para crear riqueza y mejorar la competitividad de la economía", añade Carmen Sarasúa, profesora de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El informe, que concluye que el impacto de género es positivo, obvia también el efecto de algunas partidas que sí analiza y que perpetúan la desigualdad, como la Declaración conjunta de los matrimonios en el Impuesto sobre la renta. "Tiene un impacto de género negativo porque favorece a las familias con un solo perceptor de renta, que suele ser el hombre, lo que contribuye a la dependencia económica de las mujeres", explica Pazos. El aplazamiento de la ley que ampliaba el permiso de paternidad a cuatro semanas es otro ejemplo de retroceso, según la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimientos y Adopciones.
Durante varios años, el Gobierno se negó a elaborar el informe. El de este año es el tercero y, aunque resalta la "mayor implicación" de los ministerios, tampoco da en la tecla. "Es un trámite. El impacto de género no sirve para constatar que hacemos leyes no discriminatorias. Hasta ahí podíamos llegar, sino para comprobar cómo afectan a hombres y a mujeres", afirma la diputada de CiU Mercé Pigem.
Según Carmen Martos, secretaria Confederal de la Mujer de CCOO, el informe no tiene utilidad y representa una "falta de responsabilidad" de la Administración. "Los euros van por un lado y la igualdad por otro", subraya San José. La profesora Sarasúa es rotunda: "La mayoría de los ministerios no se lo creen". Y sí, ya ni siquiera existe el de Igualdad.
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