El Gobierno de Canarias transmitió ayer su "profunda preocupación" por la decisión de Venezuela de expropiar la empresa de origen canario Agroisleña y reclama al Ejecutivo español su apoyo para garantizar la máxima seguridad jurídica y procesal a los afectados por este proceso.Así lo informa la comisionada de Acción Exterior, Elsa Casas, en un comunicado tras conocer que el Gobierno de Venezuela había firmado el decreto por el que se ordena la expropiación anunciada el domingo por el presidente venezolano, Hugo Chávez, y que afecta a más de 20.000 agricultores y familias.El Comisionado de Acción Exterior ha mantenido contacto directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con los miembros de la Junta Directiva de Agroisleña, para interesarse por la situación y mostrar su apoyo a los propietarios de la empresa, fundada hace ahora 52 años por el empresario tinerfeño Enrique Fraga Afonso.Casas ha remitido un escrito al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de LaIglesia, en el que insta al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección de los derechos de los empresarios afectados por las expropiaciones en Venezuela.La comisionada ha solicitado, además, una reunión con De Laiglesia en la que prevé abordar en profundidad este asunto.
Más de cincuenta ciudadanos de origen canario se han visto afectados por las expropiaciones llevadas a cabo por Hugo Chávez y que en la mayoría de los casos se trata de explotaciones agrícolas y ganaderas.Mientras, el Cabildo de Tenerife propone la mediación del embajador de España en Venezuela, Juan Ramón Serrat Cuenca-Romero, para que interceda ante el presidente Hugo Chávez y reconsidere la expropiación a la empresa canaria Agroisleña, fundada por un tinerfeño. En una nota remitida a este periódico, la corporación da cuenta de la intervención del presidente del Cabildo, Ricardo Melchior y del consejero insular de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Efraín Medina, ex viceconsejero de Emigración.En otro escrito, Agroisleña rechaza "absoluta y categóricamente" la expropiación y considera que la medida se basa en una información "insuficiente y posiblemente distorsionada". La directiva pide a Hugo Chávez que "se tome todo el tiempo necesario para conocer a cabalidad la realidad de la labor de la empresa y que reconsidere la medida".El mandatario venezolano ratificó ayer que la medida no será revisada. "Yo decreté [el lunes] la expropiación de Agroisleña, ya está bueno. Ellos siguen especulando con la semilla, los fertilizantes, explotando a los pendejos. Yo les di chance [oportunidad]. ¡Ah!, que están protestando. Bueno, que protesten, está bien, tienen todo el derecho, pero están expropiados".
La nota de la empresa señala que seguía trabajando con normalidad en todas sus dependencias, porque el decreto de expropiación "todavía no ha salido en Gaceta Oficial".Recomienda, además, a sus trabajadores y clientes que no ejerzan acciones de presión extraordinarias para que la medida sea revocada y aclara que "la empresa no está organizando, no controla ni apoya ningún cierre de vías ni medidas similares".Grupos de empleados de una sucursal de Agroisleña en la localidad de Acarigua, en el oeste venezolano, bloquearon una carretera de esa zona agrícola."Calma"La nota indica que exhortó a sus trabajadores "a la calma y a continuar trabajando para mantener la operación de la empresa", así como a "no fomentar acciones que interrumpan el apoyo de la empresa a los productores".
Agroisleña recuerda que lleva "más de 52 años comprometida con el agro venezolano y la seguridad alimentaría de Venezuela" y que "ha ejecutado las inversiones más grandes de toda su historia durante los últimos 11 años", desde que Chávez llegó al poder, en 1999. Destaca también que apoya con "créditos en insumos" a más de 18.000 productores y que la expropiación acabaría con la "capacidad de apoyar la producción agrícola nacional".
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