Pese a que desde enero de 2009 todos los juzgados tienen a su disposición la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de detección de proximidad (más conocidos como pulseras GPS), en las Islas actualmente sólo hay cinco maltratadores que la llevan por orden judicial, según confirmó ayer el Ministerio de Igualdad.
Este dato contrasta con las más de 8.900 denuncias que se interpusieron en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer del Archipiélago y, sobre todo, con las 3.057 órdenes de protección dictaminadas por los jueces para garantizar la seguridad de las denunciantes.
"Es preciso que se valoren mejor los indicadores de riesgo de violencia machista y que los jueces apliquen cuanto antes el dispositivo de identificación permanente", manifestaba ayer la director del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Isabel de Luis, tras ser preguntada por el asesinato este fin de semana de una anciana, presuntamente a manos de su ex yerno, que la culpaba de su separación matrimonial.
En este caso concreto sucedido en La Guancha, el agresor contaba con una orden de alejamiento de la víctima y del hogar familiar que ya había dicho que no cumpliría.
Según distintas fuentes consultadas, tanto en el trabajo con las mujeres víctimas de malos tratos como del ámbito judicial, el porqué del poco uso de este instrumento, que sirve para tener localizado en todo momento al maltratador, parece radicar en que muchos jueces desconocen que tienen a su alcance este sistema de seguridad para la mujer, además de que tampoco saben en qué casos se indica, ya que existe la duda si es sólo para hombres condenados por violencia de género o también para imputados que no tengan una medida privativa de libertad.
Además, parece haber recelo a obligar su uso salvo que la valoración del riesgo de violencia machista sea grave, puesto que se confía en la efectividad de las órdenes de alejamiento.
Quizás por esta generalización por parte de los jueces a la hora de decretar el uso de esta pulsera de localización se explica que el caso canario no difiera demasiado de los del resto, puesto que si bien Igualdad contaba con repartir 3.000 pulseras en todo el país para facilitar el control telemático de las órdenes de alejamiento, en la actualidad sólo están en funcionamiento 355.
En cualquier caso, el Gobierno central ya ha manifestado su intención de fomentar el uso de este tipo de dispositivos, puesto que en palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "sirven para proteger a la víctima, disuadir al agresor y documentar los quebrantamientos de condena, de manera que quien lo lleve se lo va a tener que pensar al menos dos veces para tratar de acercarse a quien no debe".
Este dato contrasta con las más de 8.900 denuncias que se interpusieron en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer del Archipiélago y, sobre todo, con las 3.057 órdenes de protección dictaminadas por los jueces para garantizar la seguridad de las denunciantes.
"Es preciso que se valoren mejor los indicadores de riesgo de violencia machista y que los jueces apliquen cuanto antes el dispositivo de identificación permanente", manifestaba ayer la director del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Isabel de Luis, tras ser preguntada por el asesinato este fin de semana de una anciana, presuntamente a manos de su ex yerno, que la culpaba de su separación matrimonial.
En este caso concreto sucedido en La Guancha, el agresor contaba con una orden de alejamiento de la víctima y del hogar familiar que ya había dicho que no cumpliría.
Según distintas fuentes consultadas, tanto en el trabajo con las mujeres víctimas de malos tratos como del ámbito judicial, el porqué del poco uso de este instrumento, que sirve para tener localizado en todo momento al maltratador, parece radicar en que muchos jueces desconocen que tienen a su alcance este sistema de seguridad para la mujer, además de que tampoco saben en qué casos se indica, ya que existe la duda si es sólo para hombres condenados por violencia de género o también para imputados que no tengan una medida privativa de libertad.
Además, parece haber recelo a obligar su uso salvo que la valoración del riesgo de violencia machista sea grave, puesto que se confía en la efectividad de las órdenes de alejamiento.
Quizás por esta generalización por parte de los jueces a la hora de decretar el uso de esta pulsera de localización se explica que el caso canario no difiera demasiado de los del resto, puesto que si bien Igualdad contaba con repartir 3.000 pulseras en todo el país para facilitar el control telemático de las órdenes de alejamiento, en la actualidad sólo están en funcionamiento 355.
En cualquier caso, el Gobierno central ya ha manifestado su intención de fomentar el uso de este tipo de dispositivos, puesto que en palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "sirven para proteger a la víctima, disuadir al agresor y documentar los quebrantamientos de condena, de manera que quien lo lleve se lo va a tener que pensar al menos dos veces para tratar de acercarse a quien no debe".
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