En la última propuesta del Gobierno autónomo, el plan de reducción de jornada ya no se rige por los Expedientes de Regulación de Empleo, sino que se ciñe a un acuerdo particular entre el empresario y sus empleados. Los sindicatos se oponen porque supone financiar a quien puede estar cosechando beneficios.
El programa autonómico de reducción de jornada laboral a cambio de una compensación económica ligada a la asistencia a cursos de formación no se vinculará a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), sino a un acuerdo entre empresas y empleados. Así figura en la última propuesta que ha trasladado el Servicio Canario de Empleo (SCE) a empresarios y sindicatos, que ha provocado el bloqueo del contrato alemán.
A juicio de CCOO y UGT, el documento que presentó hace una semana el Ejecutivo abre peores perspectivas para los trabajadores afectados, pues limita la participación sindical, que es necesaria en los ERE. El programa ya no sirve de alternativa a éstos, como se pretendía en principio, y los sindicatos no podrían reclamar, por ejemplo, que el empresario se haga cargo de las cotizaciones sociales que dejará de realizar el empleado por asistir a cursos de formación, expone el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge.
Éste es uno de los obstáculos fundamentales que impiden sacar adelante el programa que el presidente autonómico, Paulino Rivero, ha llamado "contrato canario". Así lo señala el director del SCE, Alberto Génova, que elude entrar a valorar las negociaciones y opta por "dejar que los empresarios y los sindicatos se pongan de acuerdo, que es lo que interesa".
Al desvincularse del ERE, la propuesta del SCE también elimina la exigencia de que las empresas justifiquen pérdidas para sumarse al programa de reducción de jornada. "Cualquiera podría acogerse, pero no podemos aceptar que se financie a una empresa que, con beneficios, quiera recortar la jornada a un empleado", apunta el responsable de CCOO-Canarias.
La intención del Gobierno es "universalizar" la aplicación de la iniciativa, pues ha visto que su alcance sería limitado. Para empezar, porque las empresas ya han hecho el grueso del ajuste del empleo mediante la extinción de los contratos temporales. Además, porque en las Islas son pocas las de más de 50 trabajadores, que son las que pueden presentar ERE.
Otra de las claves, apunta el representante sindical, es que las pérdidas que estas compañías deben justificar en esos expedientes pueden "compensarse" recurriendo a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). Por todo ello, resume, "el efecto práctico del programa queda reducido".
De todas formas, una aplicación limitada no sería motivo suficiente para que los sindicatos no avalaran la medida. "Si no se perjudica a los trabajadores, estamos dispuestos, no nos vamos a poner estrechos. Pero no aceptaremos que la gente quede en peor situación que si se fuera al paro con un ERE", señala Jorge en alusión a que los empresarios no quieren hacerse cargo de que la base de cotización del trabajador merme por asistir a cursos, que no tributan en la Seguridad Social.
"Improvisación"
Los sindicatos creen que el Ejecutivo isleño peca de "improvisación" y afán "propagandístico" con esta medida, que en principio se planteó como una solución a la pérdida de empleo asociada a la renovación de la planta hotelera y con el objetivo de generar puestos de trabajo en la construcción.
No obstante, se abrió a otros sectores económicos en el Pacto Social firmado en junio de 2009, donde se planteó como alternativa al expediente de regulación. Pero en el documento que entregó el SCE a los agentes económicos y sociales el 26 de abril el programa se ciñe a "empresas y trabajadores que, ante una situación de baja demanda y actividad, acuerden la reducción de jornada a un grupo de trabajadores", con lo cual vale para todo tipo de empresas.
El texto recoge que dicho acuerdo debe ser temporal, por un periodo máximo de seis meses; que la reducción de jornada no debe superar el 50% de la ordinaria y que se compensará con formación y, económicamente, con una beca equivalente al 60% del salario líquido que se deje de percibir, con un máximo de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). La formación corre a cargo del Gobierno, la patronal o los sindicatos
No hay comentarios:
Publicar un comentario