Una vez normalizada la situación en los cielos y los aeropuertos españoles, ha llegado la hora de depurar responsabilidades y castigar a los posibles responsables del caos aéreo del viernes del viernes provocado por la ausencia masiva de los controladores de sus puestos. Contra ellos, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha adelantado que el Ministerio Fiscal pedirá penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición.
Las declaraciones de Conde-Pumpido desde Zaragoza, donde asiste a una reunión con los responsables de las Fiscales autonómicas para fijar una postura conjunta ante los 20 procesos abiertos en toda España por este motivo, han coincidido con el inicio de las comparecencias de los controladores ante la Justicia. Solo en Madrid, la fiscalía tiene un listado de 175 controladores para llamar a declarar por abandonar su puesto. Los 12 primeros en pasar por dependencias judiciales hoy se han negado a prestar declaración acogiéndose a su derecho a no declarar. También han argumentado, según fuentes de la fiscalía, que la competencia recae sobre la jurisdicción militar, dado el decreto de alarma que les somete bajo el control del Ejército, y no a la civil.
La fiscalía tiene citados mañana viernes a otros seis controladores y ocho el lunes. Si se aprecia que hay una consigna para negarse a declarar, se planteará no llamar al resto, según informa Lara Otero. Estos operadores son los que la policía identificó el viernes por haber abandonado su lugar de trabajo, y que se habían reunido en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.
En todo caso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha revelado hoy en el Congreso, donde ha comparecido para explicar el estado de alarma, que además de las vías abiertas para procesar a los controladores tras decretar su militarización, existen argumentos y recursos para actuar por lo penal contra ellos por su actuación previa a la orden que les puso bajo control del Ejército.
Según ha señalado el jefe del Ejecutivo, la ley "ofrece resortes suficientes para sancionar penalmente las conductas producidas estos días". Así, ha detallado que se aplicará el Código Penal Militar a los hechos producidos tras la militarización de las torres, y el Civil y la Ley de Navegación Aérea a los incumplimientos producidos antes de ese momento. Por su parte, el ente público ha abierto expediente a 442 trabajadores por lo sucedido.
"Premeditado", "concertado" y "colectivo"
A favor de esta tesis, el fiscal general ha advertido de que el conflicto no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España. Según ha defendido, el Gobierno tiene ahora la doble obligación de "impulsar la depuración de responsabilidades" y "facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados", sin descartar posibles sanciones penales. Para Zapatero, los controladores "obstaculizaba el ejercicio del derecho de libre circulación reconocido a todos los ciudadanos, con las muy variadas consecuencias de orden personal que ese impedimento lleva aparejadas".
Desde el lado de los controladores, los dos portavoces del sindicato USCA han acudido esta mañana a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para hacer declaraciones a título particular (ante un centenar de informadores), ya que están militarizados. César Cabo ha asegurado que la responsabilidad de lo ocurrido el viernes es compartida entre los controladores que abandonaron sus puestos y AENA, que cerró el espacio aéreo. Cabo ha añadido que se podía haber seguido volando con el número de controladores que había, aunque con dificultades. En su opinión, no era necesario cerrar todo el espacio aéreo español, según informa Lara Otero.
Daniel Zamit ha explicado que se han presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra los dos decretos que ordenaron por un lado la militarización del espacio aéreo (el viernes) y la declaración de estado de alarma con la militarización de los controladores (el sábado). Zamit ha añadido que, al impedir la legislación militar la existencia de sindicatos en ese ámbito, lo que reclaman al Supremo es que certifique que se ha tomado la decisión de recurrir ambos decretos para que la traslade a la autoridad militar competente.
Los distintos procesos abiertos contra los controladores:
- Expedientes disciplinarios de AENA: El gestor aeroportuario ha abierto 442 expedientes disciplinarios a los controladores que faltaron a sus puestos el viernes alegando indisposición. Este proceso entra dentro del ámbito laboral y puede acarrear sanciones administrativas. Según ha anunciado el ministro de Fomento, José Blanco, se estudiará cada caso y se prevé que a algunos se les aparte de forma definitiva de su puesto, a otros se les suspenda de empleo y sueldo y que haya también expulsiones definitivas, entre otras medidas.
- Expedientes de la Agencia Española de Seguridad Aérea: La AESA también ha abierto actuaciones contra el colectivo por presuntas infracciones de la ley de seguridad aérea.
- Actuaciones de la Fiscalía por el Código Penal Civil: Las distintas fiscalías autonómicas han abierto hasta el momento 20 procesos de diligencias que implican a más de 400 profesionales por lo sucedido en los aeropuertos. Según los indicios que maneja el Ministerio Público, los controladores afrontan un presunto delito de sedición "muy grave" castigado con penas de cárcel de entre tres y ocho años, según ha informado hoy el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido. Según ha añadido, en cada órgano judicial donde exista un aeropuerto y se haya cometido un hecho delictivo "habrá que abrir un procedimiento".
- Actuaciones de la Fiscalía por el Código Penal Militar: Junto a las diligencias abiertas por lo sucedido entre la tarde del viernes y el sábado por la mañana que puedan ser sancionables por lo civil, la Fiscalía también está estudiando los presuntos hechos delictivos cometidos a partir de las 13.00 del sábado, cuando se decretó el estado de alarma, para enjuiciarlos según la jurisdicción militar, que también prevé penas de cárcel.
- Actuaciones particulares: Junto a estas actuaciones, está por ver el número de denuncias que finalmente presentan los particulares, a título individual o como colectivo, en los diferentes juzgados españoles por, mayoritariamente, daños y perjuicios.
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